Residuos sólidos urbanos. La basura y sus patrones de exclusión. Análisis del caso CEAMSE.

Victoria D’hers

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

En el presente trabajo se analiza el problema de la disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Primero, se da una breve explicación del porqué de la importancia de dicho problema, dentro del marco teórico utilizado, enfatizando su carácter de manifestación de las relaciones sociales existentes, sin olvidar su importancia en tanto problema ecológico y sus efectos en el estado de salud de la población.

Para entender la influencia de la disposición de los RSU en la constitución actual del espacio urbano en tanto construcción social, se incluye una reseña histórica donde se ven los patrones que subyacen a tal constitución. Luego, se explica la actual problemática de la basura, tanto a nivel social como físico-ambiental, clarificando las relaciones entre ambiente y pobreza. A su vez, se comentan los últimos sucesos difundidos en la prensa escrita. Con esto, se pretende ilustrar los actores involucrados y los movimientos sociales nacidos desde la problemática concreta. Finalmente, se sostiene que la posibilidad de una generación de políticas de Estado más favorables al bienestar de la población, dependerá tanto de los movimientos sociales mantenidos en el tiempo, como de un estudio más profundo nacido de los movimientos teóricos potencialmente involucrados.

PALABRAS CLAVE: residuos, sociología. ambiente, ciencias sociales

 

Introducción

El objetivo de la ciencia moderna es el de "conocer y dominar", dividiendo a la realidad entre los diferentes campos cognoscitivos para conocer y controlar. Contra esta razón instrumental que las ciencias deben a su génesis positivista, se necesita estudiar la relación sociedad–naturaleza: "Si entendemos el ambiente como una consecuencia de la relación sociedad-naturaleza es fundamental observar y analizar desde una perspectiva de las ciencias sociales el proceso de construcción social del ambiente" (Galafassi, 2002: 9). Según plantean Sejenovich y Gallo Mendoza, "la naturaleza está mediada socialmente y las relaciones sociales se dan en una estructura natural a la que modifican y por la que son modificadas" (Gallo Mendoza y Sejenovich 1995: 69.). Así, es de vital importancia comprender que "en los conceptos de sociedad y naturaleza funcionan los principios de unidad en la diversidad" (Ídem). Esto significa que es necesaria una conexión entre los diferentes saberes para poder conformar un conocimiento integral de los procesos ambientales.

Frente a los recortes disciplinarios, que transforman la realidad según sus límites impuestos y se separan de la praxis social en tanto procesos intelectuales particulares, es de vital importancia generar la interdisciplinariedad. Una ciencia compartimentada es funcional a la reproducción de un cierto sistema, dado que, al separar la reflexión de la acción, autonomizando los procesos sociales como si fueran naturales, se olvida que son parte de una construcción histórica, riesgo que es mayor al tratar problemas precisamente ambientales, "naturales".

Por otra parte, es fundamental analizar la problemática ambiental en tanto manifestación de las desigualdades que están creciendo mundialmente. Para luchar contra los mecanismos de esta desigualdad es necesario entender su funcionamiento desde un estudio interdisciplinario. Tomando de la economía la idea de la producción como eje del funcionamiento de un sistema económico, se pueden distinguir los procesos de producción, distribución, cambio y consumo. Allí se expresan las diferencias básicas que explican la desigualdad estructural del sistema capitalista: dado que la lógica capitalista funciona hacia un constante aumento de la ganancia, la producción que se efectúe será realizada allí donde menores sean los costos, y mediante tecnologías que los abaraten aún más, y para aquellos que puedan acceder a su consumo. Esta lógica provoca múltiples problemas dado que, por un lado, no se aprovechan adecuadamente los recursos y se generan desechos no reasimilables por los ecosistemas y, por el otro, no se tiene en cuenta a los seres humanos en tanto tales sino sólo como consumidores potenciales. Y actualmente, con la globalización de los procesos productivos, las grandes empresas ya ni siquiera producen para los mercados locales, provocando un perjuicio aún mayor, dado que no precisan de salarios suficientes para que los trabajadores puedan destinar cierta porción al consumo de productos que no sean indispensables para su subsistencia. Dichos problemas generarán cierta percepción en la población, que resultará en movimientos sociales y teóricos. Las ciencias sociales dan elementos para comprender dichos movimientos sociales y para contextualizarlos dentro de las relaciones de poder que sostienen al sistema económico, a la vez que son parte de ellos en tanto potenciales generadoras de movimientos teóricos.

Entonces, repensar desde esta perspectiva los conceptos utilizados para analizar los desechos como "problemática ambiental" lleva a considerar los aspectos naturales que afectan a la población (tomamos el ejemplo de los problemas de salud aparecidos en la gente que ha vivido en las cercanías de los rellenos sanitarios y basurales), así como el modo en que la población redefine dichos efectos. Según la percepción que se tiene de los problemas ambientales, como "naturales" o producto de ciertas relaciones sociales, es que pueden surgir nuevos actores sociales (uno es el caso de las "Madres de las torres").

A su vez, hablar de población y sus relaciones de poder, resulta en especificar el papel del Estado en esta dinámica de los hombres y su medio, ya que "el uso y manejo de los recursos dependen de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, hombres y ambiente, que varía de acuerdo con políticas socioeconómicas" (Di Pace y Crojethovich, 1999: 13). Considerando las contradicciones entre la lógica de maximización de la ganancia y la consecuente problemática a nivel ambiental por el uso parcial y el desaprovechamiento de elementos, es necesario considerar al Estado como el que debería aplicar la regulación en el uso de los recursos con ciertos patrones de "rentabilidad social". En el caso de la Argentina, y de los países periféricos en general, es necesario estudiar detenidamente el papel que de hecho ha tenido el aparato estatal, dada su debilidad frente al poder económico concentrado. Analizando la historia de los desechos se verá cómo dista de cumplir la función de compensar las desigualdades políticas, sociales y de poder, y antes al contrario, las profundiza al acentuar formas de exclusión diversas. Por un lado, el hecho de no poder acceder al consumo es un factor de exclusión dentro de los parámetros del sistema económico actual. Antes que definirse por la actividad que uno desarrolla para transformar el mundo, es definido por la posesión o no de ciertos bienes. Por el otro, se ve cómo, además de no poder ‘consumir’, ciertos sectores son afectados por la contaminación generada por el consumo de otros sectores. Más allá de las consecuencias ambientales más conocidas, hay formas más directas de contaminación que afectan diferencialmente a sectores de niveles socioeconómicos diversos. Esto responde a políticas de Estado que determinan, por ejemplo, la forma de disposición de residuos. La política llevada adelante durante los años de dictadura es un ejemplo cabal de este hecho. Si bien las medidas de creación del CEAMSE (Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado) se proponían mejorar la disposición y tratamiento de los residuos sólidos urbanos con el sistema de relleno sanitario y crear una zona de espacios verdes de recreación con la recuperación de terrenos anegadizos e inutilizables, también respondían a la intención de realizar dos formas de exclusión social.

Marco teórico

Bajo el paradigma que subyace a la sociedad occidental moderna que opone cultura–naturaleza, los problemas de la naturaleza no son vistos como indispensables para explicar el porqué y el cómo de un determinado orden social y viceversa. Frente a esta posición, se debe comprender que "la problemática ambiental es en su génesis, cuestión de carácter eminentemente social" (Galafassi, 2002: 21). Defino problemática ambiental, entonces, como "aquellos aspectos de la relación sociedad–naturaleza / medio físico (transformado o no) que generan directa o indirectamente consecuencias negativas sobre la calidad de vida de la población presente o futura" (Di Pace, 1992). El ambiente urbano es producto del sistema social y resultado de la evolución de la sociedad sobre el sustrato en el que se asienta.

Planteando al ambiente como producción de la sociedad, aparece la temática de la sustentabilidad ecológica y social, dado que las formas de la producción no son únicas ni naturales. Esto permite pensar maneras de producir acordes con un manejo ambientalmente apropiado, a través del tiempo, de los ecosistemas y agrosistemas y tecnosistemas (sistemas altamente mediados por reglas sociales), en modo que el patrimonio ecológico pueda ser transgeneracional. La definición de sustentabilidad fue elaborada por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, presidenta de la Comisión Mundial sobre el Medio Humano y Desarrollo, constituida en 1983, quien cuatro años más tarde publicó el informe "Nuestro Futuro Común", donde estableció los tres ejes fundamentales del concepto desarrollo sustentable. Primero, postula que la ecología ya no es una tarea nacional o regional, sino que involucra a la población a nivel global; segundo, insta a revisar la correlación entre ambiente y desarrollo; tercero, "el desconcierto imperante sobre las teorías del desarrollo refleja una crisis global. El objetivo y el sentido histórico de las sociedades modernas están en entredicho: el desarrollo ha dejado de ser un problema excluyente de los países que aún no lo han alcanzado" (Rofman, s/f: 116). En síntesis, definimos desarrollo sustentable como "el que permite elevar la calidad de vida de esta generación y las posteriores, a través de la utilización y transformación integral, y a largo plazo, de los ecosistemas y tecnosistemas, empleando tecnologías adecuadas a estos fines y con la activa participación de la población en las decisiones fundamentales del desarrollo" (Sejenovich, s/f).

Esto debe tratar a su vez, el problema de la sustentabilidad económica, en cuanto que la producción de bienes y servicios es necesaria y no debe ser desestimada por la pura idea de la conservación ambiental. Dentro de un enfoque sistémico, entendemos que el ciclo de la producción implica diferentes fases (que componen subsistemas útiles para el análisis): producción que conlleva degradación, uso y desaprovechamiento, y uso parcial o uso integral. Pensando en la actual lógica de producir para la ganancia a corto plazo y sólo para aquellos que pueden acceder al consumo es que se profundizan tanto el deterioro como la polarización social. Se produce minimizando costos económicos, sin pensar en los costos sociales.

Sin embargo, el hecho de que un producto sea considerado como un recurso puede ser explicado sólo si consideramos las necesidades de una población particular. Esto es inseparable del concepto de calidad de vida. La calidad de vida es parte integral de los objetivos del desarrollo sustentable. Se prioriza la calidad de vida para toda la población en relación a la diversidad cultural, los recursos naturales y la infraestructura. Antes que definir cómo alcanzar una ‘calidad de vida’, Sejenovich y Gallo Mendoza plantean el objetivo de ésta como "el continuo avance de las potencialidades heterogéneas de las personas en la superación de diferentes problemas y contradicciones" (Gallo Mendoza y Sejenovich, 1995: 80). Y la calidad de vida de la población sólo puede ser elevada mediante un uso racional de los recursos, con un manejo de los ecosistemas a través de una transformación perdurable, que potencie su capacidad creadora de bienes utilizando las tecnologías que resulten más adecuadas. Así, arribamos a la idea de "generar cambios en la estructura de consumo para adecuarla a otro estilo de vida que deben definir nuestras poblaciones, seguramente más adecuado a su salud física y mental" (Panario y Sejenovich, 1996: 27).

No obstante estas consideraciones, y enfocando el análisis en el tratamiento de los residuos, es indispensable establecer algún punto de comparación para poder evaluar la gestión de los desechos. La gestión de los RSU involucra el manejo de los residuos a lo largo de todo el ciclo de producción, recolección, transferencia y disposición final; definiendo gestión urbana como los procesos destinados a articular recursos financieros, técnicos y políticos para generar las condiciones que permitan producir, hacer funcionar y mantener la ciudad, brindando a las actividades económicas y a la población los satisfactores para sus necesidades. En la gestión de los RSU, se manifiesta la estructuración del espacio físico y a la vez social, dado que "la relación entre formas espaciales y estructuras sociales (...) son relaciones de conexión legal (...) cuyo sentido puede ser descifrado a partir de la lógica de los procesos sociales correspondientes" (Suárez, 1998: 9). Consecuentemente, se deben explicitar los procesos de inclusión y exclusión social llevados a cabo por dicha gestión. La exclusión refiere a las condiciones que permitan o favorezcan que algunos miembros de la sociedad sean apartados o se les niegue la posibilidad de acceder a ciertos beneficios institucionales que deberían estar garantizados por el Estado, si se habla de un sistema democrático.

De esta manera, se toma como parámetro integral de la calidad de vida el estado de salud. Pese a la falta de datos oficiales sobre el número de personas afectadas, y que se podría objetar que es una relación espuria la de conectar casos de leucemia en un significativo número de habitantes cercanos a los rellenos sanitarios, entendemos (Di Pace y Crojethovich, 1999) que los indicadores de sustentabilidad ecológica para los RSU involucran indicadores causa–efecto como la población afectada por enfermedades, junto con el agua y el suelo afectados por contaminantes. "La persistencia de enfermedades típicas de la pobreza responde en general al alarmante deterioro ambiental que se expresa básicamente en hogares de menores recursos" (Di Pace, 1992: 26). La problemática de un inadecuado sistema de recolección y disposición de residuos es uno de los principales problemas dentro del nivel del barrio o asentamiento. Pero, en general, en lugar de analizar detenidamente su génesis, pasan a formar parte del estereotipo que define al "medio ambiente de la pobreza", como los problemas de falta de cloacas y de recolección de residuos. Aquí se expresa "la crisis de la sociedad moderna en términos de no poder extender a toda la humanidad los ideales de igualdad, solidaridad, generando infinidad de formas de exclusión" que tiene su correlato en la explotación indiscriminada de la naturaleza. "Todas estas situaciones no son otra cosa que manifestaciones de una misma lógica utilitarista" (Galafassi, 2002: 57).

Historia de la recolección

Para contextualizar la problemática, es fundamental observar el desarrollo histórico de la gestión de los RSU, en tanto que allí se ven las continuidades y rupturas de la problemática ambiental, en su relación dinámica entre la naturaleza y la sociedad.

Siguiendo el análisis de Francisco Suárez, se pueden diferenciar cuatro períodos.

El primero está definido por el alejamiento de los residuos de las zonas urbanas, cuando el principal motivo para hacerlo era estético y por olores desagradables. Fue en 1637 cuando se estableció la primera multa de dos pesos a aquellos vecinos que no limpiaran las calles. Al llegar la independencia, no hubo grandes cambios; la degradación ambiental iba en aumento, hasta que la proliferación de vectores epidemiológicos y la llegada de numerosos inmigrantes que se instalaron en condiciones de hacinamiento, facilitaron la propagación de epidemias como la fiebre tifoidea (10 mil muertes), la fiebre amarilla, que solo en el año 1871 significó 13.614 vidas, la viruela, la difteria y el cólera. Esto resultó en una "crisis de sustentabilidad urbana", que generaría en los años venideros obras de infraestructura como red de agua potable, pavimentación, red cloacal. El segundo período marca el patrón de concentrar los vaciaderos en el borde sur de la ciudad, quemando los residuos a cielo abierto. Dadas las citadas pandemias, se generaron movimientos de población que reconfiguraron el espacio urbano. Las clases altas se trasladaron hacia la zona norte, y los basurales se concentraron en el sur. Aquí aparecieron los llamados "higienistas", intelectuales que, preocupados por las epidemias que arrasaban con la población y las posibles consecuencias de una expansión urbana anárquica ya vista en Europa, comenzaron a atender tanto a cuestiones sanitarias como de vivienda. Entre ellos estaba Eduardo Wilde, quien se preguntaba por la capacidad de sustentación de la ciudad, pensando en la necesidad de planificarla. Aquí comienza a verse la ciudad como un organismo que respira y procesa materia, y que manifiesta una necesidad de solidaridad funcional entre ricos y pobres dada su interdependencia. Sin duda fue un mérito del conjunto de estos profesionales haber incorporado a la conciencia colectiva que la salud depende del medio físico y social en que se desarrolla la vida humana. Es M.T. de Alvear, primer mandatario de la ciudad de Buenos Aires luego de la federalización en 1880, quien encara una política orientada por el mandato de la higiene. Así, priorizaba la zona norte y centro con servicios de infraestructura urbana, accesos y paisajes. En lo referente a los residuos en particular, la resolución de 3/02/1869 determinaba que se debían trasladar en tren a un vaciadero ubicado en un área despoblada contra el Riachuelo, a la altura de Nueva Pompeya y Barracas, para que allí fueran quemados (sistema ideado por el inspector Borches). El vaciadero era un importante factor de contaminación del Riachuelo dado que las lluvias arrastraban cenizas y materiales en descomposición. A su vez, se generó un barrio, llamado ‘de las Ranas’, alrededor del vaciadero, donde se juntaban unos de 3000 hombres que buscaban elementos vendibles entre los desechos: cirujas , "cirujanos de la basura, profesional que anda entre los huesos". Dadas las condiciones de trabajo, hábitat y alimentación, la gente del barrio de las Ranas estaba expuesta a enfermedades, con altísimas cifras de mortalidad infantil. El tercer momento es en el que se introduce el método de incinerar los RSU, generando numerosos problemas por el smog. Frente al crecimiento demográfico, aumentaron los basurales y quemas al aire libre, junto con incineradores en edificios de propiedad horizontal. Esto simplificó el sistema de gestión pero invadió la ciudad de hollín y gases de la combustión. Una resolución de 1925 procuró evitar el cirujeo, aunque en 1942 se ve un decreto que intenta incorporarlos al marco de la administración pública: "...deberá contemplarse la situación de numerosas personas que hoy se ocupan de seleccionar y vender residuos, comúnmente conocidos como ‘cirujas’, quienes tienen en tal actividad su medio de vida y podrían agravar el problema de la desocupación al quedar sin trabajo". Las insuficiencias en el método de gestión se volvieron a manifestar en la epidemia de poliomelitis desencadenada en el año 1956. Además, durante la década, se instalaron alrededor de los vaciaderos algunas villas de emergencia, donde las familias subsistían de la venta de materiales recuperados. En el año 1977 se llevó a cabo el gran plan de erradicación con el gobierno militar. Sin duda, los ideólogos de esta política comprendieron la asociación entre marginalidad social y residuos, y aplicaron planes de saneamiento ambiental y políticas de exclusión social en forma simultánea. Por otra parte, en la zona del Conurbano, donde no se aplicaba el método de incineración, se formaron extensos basurales dada la expansión urbana y la industrialización. Por último, llegamos al cuarto momento, en el que se aplica el método de rellenos sanitarios. Esta vez a escala metropolitana, y sobre la base de una planificación centralizada y tecnocrática llevada a cabo por el gobierno militar, se aplicó este nuevo sistema. Por un lado, se logró eliminar el uso de combustible fósil y las emisiones, pero descartó la posibilidad de minimizar, recuperar o reciclar desechos. Además, fue funcional a la intención de crear una ciudad residencial en detrimento de los municipios del conurbano. Estos sufrieron expropiaciones, y debieron disponer residuos propios y ajenos. A su vez, con la contratación de los servicios, se trasladaron los beneficios a los grandes grupos económicos privados, excluyendo a los recolectores ‘informales’, en consonancia con la política general del gobierno militar.

El ingeniero Laura, secretario de Obras Públicas, presentó un proyecto de construir una autopista de circunvalación, espacios verdes, e implementar el método del relleno sanitario para los residuos –llamado en conjunto "El cinturón ecológico"-. "Con capacidad de definir unilateralmente, de actuar sin presiones sectoriales, y sin la necesidad de concertar con otros sectores y actores sociales, se creó en 1977 el CEAMSE (Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado). Se crea entonces un "organismo autárquico regional para regular, coordinar y administrar los residuos sólidos urbanos de la Región Metropolitana" (Martínez Lestard, 2001). Los objetivos eran: la habilitación de áreas anegadizas mediante el relleno sanitario para diversos fines, como la creación de nuevos espacios verdes y una solución a problemas de inundaciones; "desterrar el problema social del cirujeo, natural consecuencia de los basurales a cielo abierto y del abandono de las técnicas de incineración de residuos, eliminar el problema ambiental derivado de la emisión de partículas contaminantes" (Suárez, 1998: 23). El directorio del nuevo ente estatal creado por el Decreto 9111 – Provincia de Bs. As., estaba compuesto por el Municipio de la Ciudad de Buenos Aires (General Cacciatore) y la Provincia de Bs. As. (General Saint Jean), por lo que los intereses de los municipios del área metropolitana quedaron subsumidos a los de la provincia. El CEAMSE se proponía expropiar 30.000 has. de los diversos municipios, luego de que fueran declaradas de "utilidad pública". Aparte de los propietarios de estos terrenos, se expulsaron a los habitantes de las villas de emergencia establecidos en terrenos bajos o inundables. Luego de efectuadas las expropiaciones, se establecieron los cuatro rellenos sanitarios en Bancalari (zona norte), González Catán, Villa Domínico y La Plata. A su vez, con esta reconfiguración del espacio, se revalorizó simbólica y económicamente a la Ciudad de Buenos Aires. Esto era coherente con la política municipal de erradicación de barrios marginales más allá de la Avenida General Paz (límite de la ciudad), considerando que dicha población "carecía de salubridad e higiene compatible con la vida urbana" (Comisión Municipal de la Vivienda). El método del relleno sanitario consistía en la disposición de residuos previamente compactados en terrenos considerados naturalmente aptos dado su contenido arcilloso, o impermeabilizados para tal finalidad por el CEAMSE. El método es definido por la Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE) como "método de disposición final de residuos dentro del suelo, que no afecta al ambiente, no causa problemas a la salud pública y seguridad ambiental, aplicando principios ingenieriles" (Martínez Lestard, 2001). Pero para que esto se lleve cabo de esta manera, es necesario que se efectúen ciertos controles de suelo y la construcción de contenedores de los líquidos lixiviados, con áreas de descarga y una cobertura de arcilla de alta impermeabilidad. La idea era que cada relleno operara hasta su límite para así ser recuperado como área recreativa. Pero dada la crisis económica de la década de los ochenta, el ente redujo sus actividades a la gestión de los RSU, cambiando su nombre a "Coordinadora Ecológica... ". De esta manera, hacia mediados de 1994 se habían recuperado 708 has. La gestión de la recolección y el transporte hasta dichos predios estaba en manos de cada municipio, los que además debían pagar al CEAMSE por el uso de los rellenos, el que facturaba por tonelada recibida. En la Ciudad de Bs. As., para la transferencia de los residuos se crearon estaciones en Pompeya, Flores y Colegiales, para ser compactados y luego llevados hasta Villa Domínico. La generalidad de los gobiernos municipales contrató a empresas privadas para efectuar las tareas de limpieza y recolección, trabajos que anteriormente estaban a cargo de las municipalidades del AMBA: Por su parte, el CEAMSE también privatizó la ejecución, inspección y control de los rellenos sanitarios. Con la ordenanza 35.135 del 16/08/1979, se tercerizó la recolección y limpieza, incorporando al sector privado. Desde 1980, una zona fue concesionada a MANLIBA SA (sociedad entre Italimpianti de Italia, Waste Management de EEUU, SOCMA, de Macri y GRUMASA, también del Grupo Macri SA), con la que se había estipulado el secado del 40 % del total de residuos, lo que nunca se concretó, y ese peso continuó siendo parte de la facturación, ya que se cobra por tonelaje. En 1987 se incorpora CLIBA, hasta 1998 ocupada de la zona que luego quedaría al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como zona de prueba. En 1990 se prorroga el contrato firmado en 1979 entre el CEAMSE y la Municipalidad, el firmado con MANLIBA, hasta 1995. Desde ese año hasta la nueva concesión que se licitó en el 1997, el Gobierno de la Ciudad renovó mensualmente el contrato con las empresas prestatarias. Desde el año 1998, la recolección y limpieza se dividió en cinco zonas. Una a cargo de CLIBA (Roggio), otra de SOLURBAN (Impsa–Compañía General de Agua de Francia), la tercera concesionada a AEBA (España), la cuarta a ECOHABITAT (Transportes 9 de Julio–EMEPA), y la quinta del GCBA como testigo —si bien dentro del artículo 76 de la disposición se preveía que el GCBA hiciera una campaña de concientización de la población para luego aplicar un plan de recolección diferenciada, ésta no se realizó—. A su vez, es necesario analizar los contratos de los rellenos sanitarios y las estaciones de transferencia, para ver la estrategia global de acumulación de capital. Los primeros se dividen entre: Avellaneda–Quilmes (Villa Domínico) de SYUSA (Saneamiento y Urbanización–Grupo Techint); el relleno Bancalari, de Roggio y Tecsam; el de La Matanza-Eco Oeste, de Roggio y Techint; y Ensenada–Berisso–La Plata, concesionado a Cónica. Las estaciones de transferencia también están en manos de SYUSA (GCBA, 2001).

Vemos entonces un doble efecto privatizador. Por un lado, se dio la privatización periférica de los servicios de recolección como eje de la política municipal de la Dictadura Militar a través de los contratos de los municipios. Por el otro, se privatizó la disposición a nivel regional. En consecuencia, es claro cómo un conjunto de empresas de capital concentrado recibieron una nueva fuente de acumulación de capital. Los costos del alumbrado, barrido y limpieza aumentaron a un 40 % o más del presupuesto municipal. Esto tuvo dos posibles efectos: o bien en aumentos impositivos trasladando los costos a la población, y reducción de los gastos en acción social, o en la generación de basurales ilegales a cielo abierto en los casos en los que los gastos se hacían insostenibles. Así, a pesar de la aplicación de un sistema ecológicamente más conveniente, se desarrollaban políticas regresivas a nivel social beneficiando a los contratistas privados. En este nivel se manifiestan las luchas de poder entre los diferentes actores sociales: los municipios contra la población, o contra los contratistas. Se ve cómo estos cambios significaron fuertes perjuicios para los municipios en particular, en tanto estructura de gobierno que debería representar los intereses de la población, y para el Estado argentino en general, con un nuevo modo de control de las políticas por parte de los conglomerados económicos y un recorte en su capacidad de toma de decisiones.

En el año 1991, con la epidemia del cólera se evidenciaron nuevamente las insuficiencias en el sistema de recolección de RSU, gracias a la proliferación de los citados basurales a cielo abierto, que contaminan tanto el aire por los gases emanados como las aguas subterráneas y cursos de agua cercanos. Así, el CEAMSE creó la "Policía Ecológica", para sanear los basurales, aunque con esto no se revirtieron las verdaderas causas sociales de la existencia de dichos basurales: carencia de servicios, pobreza y desempleo.

Situación actual

"En Latinoamérica es la primera y más importante experiencia regional en la gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos urbanos, mediante la aplicación del método de relleno sanitario, recibiendo los residuos que provienen del Área Metropolitana de Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense. CEAMSE está integrada por la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asegurando así las operaciones realizadas bajo su responsabilidad y la continuidad del servicio".

Así presenta sus actividades la CEAMSE en su sitio en Internet. Sin embargo, a la luz de lo delineado anteriormente, se ve de qué manera, detrás de estos supuestos, hay múltiples disfunciones, a nivel ambiental y político–social. A falta de recursos de los municipios para hacerse cargo de la recolección y problemas políticos con el CEAMSE (caso enfrentamiento Macri–Carlos Grosso en 1992), se generaron basurales ilegales en toda la zona del conurbano bonaerense. Se calculan alrededor de 100 basurales a cielo abierto que resulta en una alta contaminación de los cursos subterráneos de agua por la precolación de líquidos contaminados (lixiviado) con metales pesados. La Organización Mundial de la Salud calcula que uno de cada cuatro enfermos sufre de enfermedades hídricas evitables, y considera la calidad del agua consumida como parámetro fundamental de la calidad de vida (Di Pace, 1992: 40).

En consecuencia, es vital entender el problema desde el punto de vista político. El caso de la Argentina muestra esto claramente, dado que el problema no radica en la cantidad de basura generada, sino en la ineficiente recolección y disposición, en basurales a cielo abierto, donde los RSU son quemados y enterrados sin tratamiento. La tasa de crecimiento de la generación de basura en la Argentina es baja en comparación con el resto de América Latina, pero es totalmente urbana. De esta manera, se pueden observar las diferencias según los niveles socioeconómicos por barrios, siguiendo con el patrón de disposición de los desechos de la ciudad delineado anteriormente. Consecuentemente, y a la luz de los acontecimientos ocurridos en los últimos años, se pueden ver los efectos de la contaminación en los barrios afectados de la zona sur, y el nacimiento de movimientos sociales en reacción a dichos efectos, y en reclamo de políticas públicas para solucionar o al menos mejorar la situación.

En septiembre del año 2002, el diario Página 12 dio difusión a un problema que no era nuevo para la zona del relleno sanitario de Villa Domínico. Todas las noches, policías y cartoneros disputaban los desechos para sacar elementos reutilizables o vendibles. Se vio cómo los policías, parte de ellos de la Provincia de Buenos Aires y parte de la seguridad privada contratada por la empresa encargada de dicho predio, Tecsam, tiraban al aire, o a la gente para que no se acercase a las montañas de desechos. Los cartoneros habían pedido autorización a los custodios para su ingreso al predio, quienes aduciendo que era propiedad privada no lo permitieron, ingresando ellos con autos para recolectar los elementos recuperables. La custodia estaba desde febrero de ese año, mientras que anteriormente había una suerte de permiso tácito con la seguridad interna para realizar estas tareas. El lugar llegaba a recibir hasta 3000 personas por día. El 14 de septiembre se realizó una movilización de cuatrocientos cartoneros, junto con la Asamblea Popular Palermo Viejo, en denuncia de lo que ocurría diariamente en el basural. Leonardo Massey, gerente de la CEAMSE, desconoció que tales cosas sucedieran, frente a lo aducido por Juan Rojas, delegado del llamado "Tren Blanco", que traslada a los cartoneros desde el barrio hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En mayo de 2003, por otra parte, se produjo una confluencia entre las quejas de los vecinos y el gobierno municipal. El Intendente de Avellaneda, Oscar Laborde encabezó la llamada "pueblada" contra el CEAMSE, denunciando que el relleno sanitario estaba rebasado y que no podían continuar llevando la basura al lugar. De hecho, a pesar de seguir recibiendo 8000 toneladas diarias, su capacidad de carga fue colmada hace años. Y como explicamos anteriormente, esto estaba previsto en los contratos que acompañaron su creación. A comienzos del año 2004 finalizó la concesión del CEAMSE, después de 27 años de luchas. Desde septiembre de 2000 se había anunciado en seis oportunidades que se dejaría de rellenar el basural a cielo abierto de Villa Domínico, pero todavía se siguieron llevando residuos. El presidente de la CEAMSE, Carlos Hurst, dijo a La Nación: "Se va a iniciar un proceso de cierre definitivo de los terrenos de relleno sanitario en las áreas urbanas. Hicimos un acuerdo con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires y se ha tomado la decisión de cerrar, a fines de enero, el predio de Villa Domínico y en dos años, el de González Catán". El funcionario hizo esas declaraciones durante el acto en el que se anunció que una nueva planta de separación de residuos será instalada en el predio de la CEAMSE, situado en Ensenada. Así, en enero, se publicaron los pliegos de la licitación para la planta de Villa Domínico, iniciando el proceso de cierre definitivo. Las bases de la licitación incluyeron el aporte de un terreno de 500 hectáreas como mínimo para la construcción de un relleno sanitario que deberá aportar el oferente, predio donde se depositarán los residuos generados en municipios del área metropolitana de Buenos Aires comprendidos en la ley 9111. Así, el 1 de febrero se cerró definitivamente dicho predio. CEAMSE anunció que a la desactivación del relleno en Villa Domínico le seguirá un plan para mudar los otros tres depósitos de basura, en etapas escalonadas entre dos y diez años. Hacia julio de este año el problema seguía presente; La Nación titulaba Nadie quiere recibir la basura desde que cerró Villa Domínico: Desde enero y ante el cierre definitivo del basural más grande de la Argentina, los vecinos de cada municipio que ofrecía sus terrenos en forma oficial se oponían sistemáticamente. En los últimos meses, Campana, Lobos, Coronel Brandsen, Olavarría, 25 de Mayo y Punta Indio se negaron a convertirse en el próximo destino de la basura del área metropolitana. Hay diversas opiniones sobre el futuro de los RSU. Desde la CEAMSE se argumentó que la decisión política es bajar la generación de residuos para que cada vez se entierre menos. "La política de esta gestión es la minimización. Sabemos que existe un rechazo social hacia los rellenos sanitarios", en palabras de Hurst. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales rechazan este argumento. "La movilización de los vecinos de Avellaneda y Quilmes obligó a la CEAMSE a abandonar el uso de esos partidos como depósito de la basura porteña. Sin embargo, el problema está lejos de solucionarse ya que simplemente se han buscado municipios alternativos que acepten convivir con esta basura", explicó Verónica Odriozola, de Greenpeace. Javier García Elorrio, de Fundación Ciudad, opinó: "La ciudad tiene que generar residuos responsablemente. El tema es qué hacemos antes de llegar al relleno. Tiene que haber selección en origen y se debe sancionar una ley de envases para poder reciclar el plástico y el vidrio". Hurst asegura que ése es el objetivo de la gestión. "La idea es reducir en un período de cinco a diez años la cantidad de basura que se entierra. Pero es todo un proceso. Ahora vamos a empezar por construir seis plantas de separación para la reutilización y el reciclado". Dos de esas plantas estarán en los rellenos de Ensenada y de González Catán. Y, por medio de un convenio con una empresa privada, se creará otra en el conocido como Norte III. "Cuando comience el nuevo sistema, a fines de este año, la campaña de difusión se centrará especialmente en el tema de la generación de basura. Y además de la planta de separación que construye la ciudad, las empresas estarán obligadas a construir un centro verde", explicó Eduardo Epszteyn, secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable porteño. El ente busca reemplazar Villa Domínico, ya clausurado, Buen Ayre (Norte III), La Matanza y Ensenada, que deberán ser cerrados en 10 años. El proyecto del nuevo relleno, que contempla la parquización de las áreas, tiene un costo de 45 millones de pesos. De ese monto, 26 millones vendrán de un crédito del Fondo para el Desarrollo Financiero de la Cuenca del Plata, Fonplata. Para obtenerlo, la ciudad deberá dar los avales por 13 millones de pesos para que se pueda concretar.

Finalmente, luego de este seguimiento de la gestión de los RSU, es necesario ahondar en el problema de la salud. En la zona en conflicto, se da un inusual número de enfermos o ya fallecidos por leucemia juvenil. Las madres se reunieron identificándose como Madres de las Torres (dado que viven en un barrio de torres, en Don Bosco, con más de 10 mil habitantes). Si bien la Organización Mundial de la Salud calcula 1 caso cada 10 mil personas, allí se dieron 19. Y lo que los distingue es recibir desechos en grandes cantidades por más de veinticinco años, cuando las reglamentaciones indican que los rellenos solo pueden funcionar por veinte años. Entonces, la relación entre los predios mal manejados y las enfermedades aparece concretamente en estos casos. Como lo muestra la historia de la gestión de los RSU, las enfermedades son clara muestra de un manejo inadecuado. Durante el cierre de Villa Domínico, tras el recorrido por la planta, Solá se reunió con ellas."Este es un triunfo de los vecinos de Avellaneda y de Quilmes. Después de cuatro años de lucha logramos esta primera etapa: que se cierre el ingreso", informó Marcela Andreani. Advirtió: "El nivel de contaminación sigue vigente en el aire, el suelo y el agua, con gases altamente cancerígenos. Si esto no se trata por 20 o 30 años, seguiremos teniendo emanaciones tóxicas", expresó Andreani, que perdió a un hijo víctima de un linfoma, "culpa del basural", según denunció. El presidente de CEAMSE aseguró que el relleno sanitario en Villa Domínico es una "obra de ingeniería ambiental no contaminante", e informó que, tras el cierre de la planta, habrá un férreo control de las aguas subterráneas y superficiales, captación y tratamiento de gases y líquidos lixiviados. "A mí no me gustaría vivir frente a un lugar como éste", dijo, al ser consultado.

En este campo de lucha se manifiestan los diferentes factores que he venido detallando a lo largo de este desarrollo. Por un lado, se ve el conflicto político por el vencimiento de la concesión del CEAMSE que continuó siendo negociado por cortos períodos sin replantear los términos de trato con los municipios, lo que provocó la multiplicación de basurales ilegales. Así, la problemática ambiental siguió en aumento. Y la población viene siendo gravemente afectada, tanto por las malas condiciones de habitabilidad, como por enfermedades concretas que han resultado en muertes. Por otro lado, el conflicto se expresa a nivel social entre los diferentes actores involucrados, dando lugar a represión y violencia. No sólo no se realizan políticas para mejorar los servicios, sino que se impiden formas alternativas de subsistencia. No se aduce que es riesgoso para la salud el hecho de ingresar a los rellenos sanitarios, sino que se plantea una lucha por los recursos entre las autoridades y la población, las fuerzas de seguridad y los cartoneros, por el botín de la basura. Aquí se manifiesta claramente el problema de la falta de opciones, considerando que los sectores afectados por la carencia de servicios son los que tampoco tienen modos de paliar dicha falta con iniciativa privada, multiplicando el riesgo sanitario (Guaresti y Pescuma, 1991). Un trágico ejemplo de esta lucha es el asesinato de un joven, Omar Viaggi, en el predio de la CEAMSE en manos de las fuerzas de "seguridad", el 26 de agosto pasado –en la misma semana de la tercera marcha "Blumberg" pidiendo por "seguridad", para agudizar las contradicciones–.

Tomando los movimientos generados alrededor de la problemática concreta, es preciso marcar cómo en este tipo de articulaciones entre la sociedad civil, y a la vez con los gobiernos locales, se ven posibles maneras de "externalizar los costos" de la crisis ambiental, y provocar acciones políticas más planificadas. Dándole un marco local, las políticas generadas resultan ser más acordes a las necesidades concretas de la población.

Conclusiones

Al interpretar los problemas ambientales como producto de situaciones sociales cambia el orden de los factores. En lugar de explicar el deterioro ambiental por los malos usos de los recursos realizados por la población de menores niveles de poder adquisitivo, se debe comprender que la pobreza es víctima de ese deterioro, y no su causante. "La pobreza no es un problema ambiental, sino resultado de las condiciones socioeconómicas, no de la relación de la sociedad con el medio físico. Pero sí son los sectores de menos recursos los que padecen las principales consecuencias" (Di Pace, 1992). Considerando lo antedicho, entiendo que hay un punto fundamental a tener en cuenta para la comprensión de la problemática ambiental de la gestión de los RSU: se ve una continuidad histórica en la configuración geográfica, provocando el fenómeno de borde, por el que se privilegian ciertas zonas en detrimento de otras, según el poder adquisitivo de la población afectada. Por otra parte, la gestión de residuos pasó de ser una fuente de trabajo para sectores marginados a "nicho de acumulación de capital" (Suárez, 1998: 26). Las epidemias revelan elocuentemente las deficiencias en la gestión de los RSU, y como consecuencia, las decisiones políticas colaboran a determinar quiénes son los afectados por los efectos de la contaminación ambiental.

El planeamiento del desarrollo sustentable exige una visión de conjunto. Es necesario hablar de unidad en la diversidad tanto a nivel político como cognoscitivo. En primer lugar, en el campo de las ciencias la idea de unidad en la diversidad nos obliga a realizar un cambio en las prioridades de la investigación social para no renunciar a la propia humanidad separando obrar de pensar (Galafassi, 2002). En este análisis subyace la cuestión de la manera en la que se comprende y estudia al medio ambiente. Bien como un soporte que contribuye a la satisfacción de necesidades, deseos y aspiraciones de la gente, o bien como un ser vivo (y no territorio a conquistar). Esta última visión puede permitir entender los distintos tiempos de los ecosistemas, contra las urgencias del aumento de las ganancias. A su vez, somos conscientes de la necesidad de estar alerta para no caer en la definición anti-antropocéntrica en todos sus sentidos. Es decir, al oponernos a la definición de la naturaleza como objeto, tampoco definimos al hombre como sujeto de los designios de La Naturaleza. Así, pensamos posible una reflexión interdisciplinaria del todo naturaleza–sociedad, que pueda generar, con las diversas herramientas conceptuales, una comprensión más clara de la realidad.

Como adelantamos, el hecho de no escindir el hacer del pensar, lleva a las ciencias sociales a un papel activo desde su campo de conocimientos, en coordinación con otros puntos de vista según un proyecto de sociedad. Este proyecto es el que da los elementos para reflexionar sobre la idea de calidad de vida. En su definición es vital la participación de la población involucrada, por lo que "la reforma política es prioritaria como marco de una adecuada calidad de vida" (Gallo y Sejenovich, 1995b: 77). Mediante la aplicación de ciertos principios que se definen según las relaciones de fuerza, se podrán implementar políticas acorde con cada espacio en particular. Para poder pensar en un desarrollo de las potencialidades de las diversas poblaciones, y no un único patrón de desarrollo a seguir por todas las sociedades, se debe dar este espacio de participación. Además, "las reglamentaciones solo tienen efecto cuando los ciudadanos creen en su utilidad, convenciéndose de que tienen sentido...". Así, volviendo al caso de los RSU, es vital escuchar la voz de los reclamos vecinales, que en conjunto con los municipios replantean las soluciones a una problemática que va en aumento. Y en el nivel de la administración pública, es fundamental considerar una gestión más transparente, que sea controlada por agentes ajenos a los beneficios que resultan de una lógica cortoplacista. Se debe realizar un diagnóstico ambiental para desarrollar objetivos hacia un desarrollo sustentable. "Para elevar la calidad de vida de la población, se deben combinar la sustentabilidad ecológica con la sustentabilidad política, promoviendo educación y participación, y la sustentabilidad social. Se debe desarrollar una visión integral, redefiniendo lo que se entiende por "cuestión ambiental" y plantear articuladamente los aspectos económicos, sociales, ecológicos, tecnológicos y políticos".

En conclusión, todo confluye en una idea más abarcadora y ambiciosa, pero no menos importante, de desmercantilizar las decisiones sobre el uso de los recursos naturales.

 

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Noticia de la autora

Victoria D’hers

Luego de terminar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires (Bachiller con orientación en Ciencias Sociales, 1993 – 1998), estuvo seis meses en la ciudad de Oxford, Inglaterra, estudiando en el Liberal Arts Programme: allí cursaba clases de inglés y tres materias de nivel universitario (Filosofía, Sociología, Literatura Inglesa). En el año 2002 aprobó el Proficiency in English (nivel de nativo) en International House, Bs. As.

Al volver a la Argentina, retomó los estudios universitarios, comenzando en agosto del 1999 el primer año de la Carrera de Sociología. Actualmente, tiene 24 materias aprobadas (promedio 8,35). Habiendo finalizado la cursada en el mes de julio último, debe entregar dos trabajos para recibirse de Licenciada. Este año se incorporó a la Cátedra de Ciencias Sociales y Medio Ambiente (de H. Sejenovich), como Ayudante de 2º. Recientemente, presentó este trabajo (en su versión completa) en las VI Jornadas de Sociología de la Facultad.

En el 2001, estudió italiano un mes en Siena, Italia, y luego continuó sus estudios del idioma en Buenos Aires, aprobando el 5º año de la Dante Alighieri.

Además, realizó varios seminarios y cursos relacionados a diversos temas de su interés: Seminario de Ecología Política –dictado por CTERA, dentro del marco de seminarios de postgrado; Seminarios sobre la Escuela de Frankfurt –CEDINCI; Curso práctico de Introducción a la Permacultura (agricultura orgánica, huertas sustentables, Profesor Eugenio Rodríguez), con el auspicio del Jardín Japonés; Curso Extracurricular de Video Documental –Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Durante estos años, tuvo trabajos temporales de encuestadora para el CEDOP (IIGG), y participó de un Proyecto de Video Documental (para presentar en Concurso del INCAA) junto con La Pintada Producciones, con quienes viajó a Formosa para realizar entrevistas.

Actualmente, está trabajando como Secretaria del Director, en el Centro Cultural R. R. Rojas.